Manlio Martínez a Juicio

CHOS HUMANOS | REVISIÓN DE LA DÉCADA DE 1970

Procesan a un ex juez por delitos de lesa humanidad

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Martes 6 de Diciembre de 2011 | El titular del Juzgado Federal N° 1, Daniel Bejas, consideró que existe prueba suficiente contra el ex magistrado federal Manlio Martínez. El imputado afirmó que no era competente para investigar a militares. Declaraciones del ex gobernador Antonio Bussi implicaron a Martínez en causas penales

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ampliar | COMPARECENCIA. El ex juez Manlio Torcuato Martínez a la salida de una audiencia en el Juzgado Federal N° 1. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Las investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar han propiciado el procesamiento de un ex magistrado de los Tribunales Federales. La inédita decisión en el ámbito provincial surge del auto del juez federal N° 1, Daniel Bejas, que dispone procesar a Manlio Torcuato Martínez, letrado a cargo de la unidad judicial mencionada entre 1974 y 1984.

La resolución considera acreditado -con el grado de certeza exigida en la etapa procesal en vigor- que el imputado ha incurrido en la supuesta comisión (en calidad de autor material) de los ilícitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal, y de encubrimiento en conexión con los delitos de lesa humanidad perpetrados en contra de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz.

Asimismo, Bejas ha ordenado procesar a Martínez por resultar presunto autor material de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Miguel Romano. El juez federal N° 1 ha interpretado que estos ilícitos también revisten el carácter de lesa humanidad por su vinculación con la comisión del delito de asociación ilícita agravada para atacar sistemáticamente a la población civil.

El magistrado se ha apartado del criterio de la Fiscalía Federal N° 1, a cargo del fiscal Carlos Brito, al interpretar, en cambio, que correspondía dictar la falta de mérito -sin perjuicio de que continúe la investigación- respecto de la supuesta intervención del ex juez federal en los delitos de violación de domicilio, homicidio y asociación ilícita agravada respecto de Niklison, Saavedra Lamas, Meneses, Brandsen y González Paz.

El auto dispone, accesoriamente, la expedición de un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación con el fin de notificar a todas las fuerzas federales de que Martínez, de 65 años, se encuentra impedido de salir del país so pena de inmediata detención.

"Póngase en conocimiento del imputado que no podrá modificar el domicilio real denunciado, donde deberá permanecer informando a este Juzgado sobre cualquier ausencia por más de 24 horas, para la que deberá requerir autorización del juez actuante con el apercibimiento de procederse a su detención", expresa el último párrafo de la resolución de 55 carillas firmada por Bejas y María Virginia Duffy, secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal N° 1.

Tres grupos de hechos

El auto organiza los hechos que el Ministerio Público Fiscal endilga al ex juez en tres grupos diferentes, aunque conectados entre sí. En primer término, la intervención en el fusilamiento de Niklison, Saavedra Lamas, Meneses, Brandsen y González Paz, perpetrada el 20 de mayo de 1976 por un grupo combinado de fuerzas de seguridad. En este tramo, la Fiscalía imputa a Martínez la omisión de investigar el allanamiento ilegal del inmueble donde el grupo supuestamente vinculado a Montoneros estaba reunido y el quíntuple homicidio, pese a que el ex juez se había apersonado en la vivienda a posteriori del operativo.

En segundo lugar, Martínez es acusado de la supuesta detención sin garantías de Romano, el propietario de la casa donde vivían Niklison, Gerardo Alfredo Romero, y una hija de un año y medio. Según el Ministerio Público Fiscal, seis días después de la ejecución relatada, Romano se presentó espontáneamente ante el entonces juez federal, momento en que este decidió una privación de la libertad que se prolongó durante 15 meses.

Por último, al ex magistrado se le imputa la presunta participación (desde el ejercicio de la judicatura federal) en la organización criminal que llevó adelante el sistema represivo desplegado en la provincia entre 1975 y 1983. "Destaca el Ministerio Público que el general Adel Edgardo Vilas, comandante a cargo del 'Operativo Independencia', resolvió los problemas que encontraba en la Justicia Federal mediante la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal y del fiscal, gestionando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia", asevera Bejas, que añade que, según la Fiscalía, Vilas hizo referencia al reemplazo de Jesús Santos por Martínez en el Juzgado Federal de Tucumán.

La investigación del ex juez federal cobró impulso a partir de los comentarios del ex militar y represor Antonio D. Bussi -fallecido el 24 de noviembre pasado- en la indagatoria del 23 de noviembre de 2009 ante Bejas y en la audiencia oral del 17 de febrero de 2010 (causa "Jefatura") ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. En ambas ocasiones, Bussi defendió sus actos invocando la supuesta intervención de Martínez.

En la declaración indagatoria del 27 de julio de este año, el ex juez negó haber sido parte de un sistema represivo ilegal, según el auto de procesamiento. Esta resolución manifiesta que el imputado alegó que en ningún momento abrió investigación en contra de militares porque no era competente para hacerlo y porque, además, nadie impulsó la apertura de la jurisdicción para obligarlo a emitir una resolución expresa en tal sentido. "Además, impugnó los dichos de Bussi aduciendo que, en su momento, lo había denunciado ante la Honorable Legislatura de Tucumán por inhabilidad moral para ejercer el cargo de gobernador", observa el auto dictado el jueves 1 de diciembre que, previsiblemente, será revisado por la Cámara Federal de Apelaciones.